17 julio 2019
El Popular

Stalingrado

Dos años

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / octubre . 01, 2016.

Han pasado 730 días de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, donde la incertidumbre y dolor profundo de los padres por saber qué es de ellos, carece de una palabra exacta o precisa para describir sus sentimientos. Me limito a decir: dolor y resentiniento.

Los 43 estudiantes, representan cómo el poder actúa cuando así les conviene a sus intereses, porque tenemos el 2 de Octubre de 1968 y tantas más masacres y desapariciones forzadas a lo largo y ancho de nuestro territorio, de cientos o miles de ciudadanos, quienes, con entereza y convicciones democráticas y sed de justicia, se han enfrentado a los que detentan el poder de manera cínica y criminal. Bien lo describe un fragmento de nuestro Himno Nacional: ¡para ti las guirnaldas de oliva! ¡un recuerdo para ellos de gloria! ¡un laurel para ti de victoria! ¡un sepulcro para ellos de honor! ¡un sepulcro para ellos de honor! Sí, para cada hijo, padre o hermano y hermana, que tuvieron el valor de alzar la voz del pueblo, caro pagaron sus vidas, ante un carrusel de actos criminales, con sadismo torpe.

En la descomposición del Estado, aunado a una clase política y económica hambrienta de poder y económico, actúan bajo la violencia instrumental fría y del pensamiento reflexivo de la violencia reactiva candente, bajo un pensamiento ejecutiva, relacionado con la ejecución de actos destructivos. Esta clase de pensamientos de “bajo nivel” es característico de personas que forjan su atención exclusivamente en los detalles de un proyecto destructivo en el que se hallan implicados. El pensamiento ejecutivo es típico de los funcionarios que llevan a cabo con esmero tareas destructivas, aparentemente inconscientes de su significado o trascendencia, estos individuos pueden estar tan concentrados en lo que están haciendo que son capaces de borrar de su cabeza el hecho de estar participando en una acción inhumana. Parece como si, en el caso de pensar en ello, vieran a las víctimas como algo de lo que se puede prescindir. Este tipo de pensamiento fue claramente el típico de los burócratas del aparato nazi.

¿A qué me refiero? En el acto de cómo fueron reprimidos, perseguidos, acorralados y desaparecidos los normalistas, más otros seis asesinados. Despertando malestar social ante un Estado y gobierno que careció de lógica para ir desentramando el problema, de por sí cruel, saturando de hipótesis sin sustento legal como de una metodología de investigación. Con el tiempo y ante la presión social nacional e internacional, el 27 de enero del 2015, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, da a conocer su “verdad histórica” sobre lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre: los normalistas fueron “privados de su libertad, ejecutados, calcinados, triturados y arrojados al río” San Juan.

La “verdad histórica” de Murillo es descalificada y criticada por padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, por ser un absurdo. Ante ello, por la falta de objetividad y congruencia de las autoridades judiciales y de la misma Procuraduría General de la República, es como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) llega a México para supervisar las acciones del Estado y hacer recomendaciones para fortalecer la investigación y esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Ante la labor de investigación y seguimiento, es como, en su primer informe de 550 páginas, el GIEI echa por tierra la “verdad histórica” de Murillo Karam al señalar que no hay evidencias de que ocurriera un fuego de la magnitud señalada por el procurador, ni que los estudiantes hubieran sido incinerados en un basurero. “Ese evento tal y como ha sido descrito no pasó”, aseguró en conferencia de prensa el experto español Carlos Beristáin.

El tercer peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula enfrenta a la PGR y al GIEI. La dependencia federal asegura que encontró evidencia de que en el lugar fueron incinerados 17 de los 43 estudiantes desaparecidos, y el GIEI revela que la PGR violó los acuerdos a los que habían llegado para trabajar de manera conjunta en el caso. Al presentar su último informe con las conclusiones de la investigación sobre la masacre de Iguala, el GIEI da a conocer un video donde se observa al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, realizando diligencias en el Río San Juan junto con uno de los inculpados, Agustín García Reyes, el Chereje. La escena es del 28 de octubre de 2014, un día antes de que la PGR informara del hallazgo de restos óseos en una bolsa plástica.

El GIEI denunció una evidente falta de iniciativa y voluntad por parte del gobierno de México para dar a conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y antes de salir del país dejó 20 recomendaciones a la PGR, entre ellas la plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso. Al estar acorralados por las investigaciones del GIEI y exigencias de padres como de la ciudadanía, la PGR da a conocer la renuncia de Tomás Zerón como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Horas después, la Secretaría de Gobernación notifica su designación como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Es la fecha en que está empantanado el proceso de investigación de la desaparición de los 43 normalistas, no por falta de seriedad y objetividad de parte de profesionales mexicanos y extranjeros que buscan una verdad no histórica y sí de la crueldad con la que se pretende mantener en tinieblas el caso; y sí de quienes, con esa mentalidad fría y candente, desean que sea un caso más, donde jamás se llegue a esclarecer un acto a todas luces criminal y de Estado.

 

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx

*Analista político y de prospectiva social

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