21 mayo 2019
El Popular

Stalingrado

Crisis de la moral

Por Rodrigo ROSALES ESCALONA. / agosto . 13, 2016.

El conocimiento y la actividad práctica, sin los cuales la libertad humana no se daría, no tiene por sujeto a individuos aislados, sino individuos que viven en sociedad, que son sociales por su propia naturaleza y se hallan insertos en un tejido de relaciones sociales, que varían a su vez históricamente.

Se supone que todo gobierno nos vende la idea de que posee una obligatoriedad moral con el votante, que actuará bajo los cánones éticos, morales y axiológicos de la Constitución y leyes que derivan en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, en México no ocurre así, al contrario, la corrupción e impunidad con la que actúan la mayoría de los gobernantes, es aberrante y antimoral. Conocedores de su poder, sistemáticamente violan el precepto moral y ético, porque se sienten amos de las leyes. Una manera de blindarse, es mediante la manipulación de toda ley, bosquejando que lo hacen por el bien de la nación. Si no resulta y la sociedad se inconforma ante la violación de sus derechos, la represión apacigua todo reclamo, “convence” de que quieto y sin atreverse a hablar, es mejor.

La moral es coaccionada por intereses personales y de grupo, misma que en nada representa la legalidad con la que nos dicen actuar, al contrario, nos mienten, porque hacen de la mentira un arte perverso y comodino.

Nos vendieron la idea de que en este sexenio de Enrique Peña Nieto se corregiría la destrucción del Estado, siendo Felipe Calderón, quien dio muestras claras de la devastación económica, social, laboral, educativa, de violencia y mortandad, donde los púnicos que padecen es el pueblo. Claro que él es digno representante de la dinastía tecnócrata neoliberal. Pues bien, Peña Nieto alarga y amplía el camino de la corrupción e impunidad, porque sus propuestas de campaña él mismo las traiciona, derivando en una política de venta del país bajo las pretendidas iniciativas de las “reformas estructurales”, donde se supone que, con castigar el derecho laboral, la venta de los bienes nacionales (Pemex, CFE…), saldríamos adelante. A su vez, cínicamente nos dijeron que se acababan los incrementos a gasolina, gas y electricidad; al contrario, al traicionar sus declaraciones, la inflación disfrazada ahoga la economía del pueblo, provocando la precariedad de la clase trabajadora.

En cuanto a educación, desde Miguel de la Madrid a la fecha, la intención real es la castración educativa, cultural y de conocimiento reflexivo y lógico del pueblo, bajo el pretexto de una reforma educativa que impulse el desarrollo. Una vez más, la mentira de su política educativa va en sentido opuesto al beneficio nacional, porque encontraron que, alienando al pueblo, es como domesticarlo resulta el beneficio de la ignorancia y analfabeto funcional. Aurelio Nuño representa el papel del secretario de la castración educativa, porque su ignorancia sobre la realidad de las mayorías y negarse sistemáticamente al diálogo con los disidentes de la reforma educativa, ha generado uno de los mayores conflictos magisteriales, motivando la movilización, paros y activismo. El gobierno ha provocado que la iniciativa privada externe que se debe aplicar mano de hierro contra el magisterio, para acabar con los terroristas.

Como forma de aplicar mano de hierro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de los artículos 213 y 214 (excepto la fracción segunda de éste) de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, estableciendo que ningún desfile, caravana, manifestación, peregrinación o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo o recreativo podrá utilizar las “vías primarias de circulación continua”, es decir espacios como Periférico, Circuito Interior y Viaducto. Asimismo, se validó el contenido del artículo 214 en lo que se refiere a que la Secretaría “Seguridad Pública tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable”, esto es que la policía, en caso de desalojo, deberá atenerse a las normas que establece la Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública en la Ciudad de México y que están contenidos en el artículo 27.

Traducción. Usando como modelo la Ciudad de México, se pretende aplicarlo a nove nacional, violando el derecho a manifestarse. Si son respetados nuestros derechos todos, no existen posibilidades de protestar, de manifestares. La violación sistemática de la ley por parte del poder gubernamental o empresarial, agotando los recursos legales de demanda social, ante la corrupción e impunidad con la que actúan los criminales de cuello blanco, el camino constitucional es la movilización.

Puebla y la nación, están en el proceso de degradar nuestros derechos, porque ningún gobernante actúa bajo derecho, al contrario, tenemos los casos de Veracruz, Nuevo León y otros, donde y desde los niveles de la corrupción, el saqueo de los recursos públicos, empobrecen a los ciudadanos, ya sea extendiendo sus mandatos manipulando a los corderos en sus legislaturas, manipulando las leyes para cometer fraudes presupuestales: todo es válido en nombre de la ley.

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