21 julio 2018
El Popular

Ronda política

Corrupción latinoamericana

Por Maribel FLORES . / julio . 18, 2017.

Recientemente, hemos sido testigos de escándalos de corrupción política en Latinoamérica, destacando los casos de Guatemala, Brasil, Perú y México, en los que la figura presidencial ha sido afectada en cada país por el abuso del poder político en detrimento del bienestar de sus propios ciudadanos. Si por corrupción entendemos el abuso de la confianza pública para beneficio privado (Krieger: 1993), al parecer en estos países de la región no ha prevalecido el interés público por encima de intereses personales o de grupos. Lo que hace insostenible un régimen democrático que debe legitimarse mediante la confianza o apoyo popular para gobernar; es disfuncional para una democracia que haya una clase política votada en un proceso electoral con el respaldo mayoritario de la ciudadanía, para más tarde ser enjuiciada por los tribunales por una falta de ética y responsabilidad pública, al dejar atrás los compromisos de campaña que prometían administrar los recursos a favor del bien común. Traicionar la confianza de la ciudadanía tiene consecuencias en términos de credibilidad y sostenibilidad de un régimen político que aspira a ser democrático, organizado por instituciones que deben garantizar un Estado de Derecho, efectividad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas.

En el caso de Guatemala, hace un par de años el expresidente Otto Pérez Molina, y su Vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, cooptación de Estado y enriquecimiento ilícito, por supuestamente dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado entre 2012 y 2015. Ante lo cual, la reacción del exmandatario fue por demás cínica y reprobable al afirmar: “En mi Gobierno hubo corrupción, pero yo no cometí ningún delito” (El Mundo: 2016). Si ya es en sí mismo vergonzoso reconocer el hecho de haberle fallado a sus ciudadanos, lo es más que el primer mandatario de una nación ignore u omita las malas prácticas que puede realizar su gabinete, pues es el presidente el que designa a su personal de confianza; lo cual le hace responsable “solidario” de este tipo de “errores u omisiones” en el ejercicio del poder político, aunque es el Poder Judicial el que se encargará de impartir justicia a quien resulte responsable. No obstante, la gravedad del caso y el proceso judicial que visibilizó el tamaño del problema de corrupciónen el Poder Ejecutivo guatemalteco, este año la policía de Guatemala arrestó a un hermano del actual presidente Jimmy Morales, vinculado a un caso de corrupción que involucra a un hijo del mandatario. Pareciera así que la clase política no asume la gravedad de erosionar la base de su sistema político pues ni el caso en curso fue suficiente para limitar la acción arbitraria de una posición de poder para conseguir beneficios personales.

En cuanto a Brasil y Perú, al igual que en Guatemala, se repiten casos de corrupción política que se creía estaban siendo, si no superados, quizá sí contenidos por la magnitud de las implicaciones que tuvieron la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff o el encarcelamiento por 25 años del exmandatario peruano Alberto Fujimori, respectivamente. Sin embargo, este año se sumaron más actos de corrupción en ambos países con la condena a prisión del expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el encarcelamiento del expresidente de Perú, Ollanta Humala, por diversos delitos. Así, se repite el mismo patrón de la clase política en ambos países; lo que hace suponer que los políticos no entienden dos cosas: 1) que el poder tiene límites y su abuso consecuencias políticas, administrativas y penales; y, 2) que la administración pública significa servir y no servirse de ella a costa del bien común.

Mientras tanto en México, a tres meses de haberse inaugurado el Paso Express de Cuernavaca que hace unos días fue colapsado por una falla en el drenaje, se hizo público un problema más de corrupción y negligencia en el gobierno federal. Siendo inaceptable que los funcionarios públicos responsables (algunos de ellos ni siquiera capacitados para desarrollar obra pública en el estado de Morelos) sean incapaces de asumir su responsabilidad en el caso, y en cambio, se la adjudiquen al sector privado o incluso a Tláloc, Dios del agua. Es increíble que no haya una actitud responsable y que la obra se haya realizado a pesar de las bajas calificaciones que tuvo desde el proceso de licitación. El socavón que se generó en Cuernavaca no puede explicarse de la forma en que la autoridad federal lo ha hecho; afirmando que la causa de la tragedia que cobró hace días la vida de dos personas podría haber sido generada por la fuerte lluvia en el lugar. La autoridad debe hacerse responsable de lo que hace; es inaudito que el equipo del presidente pretenda atribuir el accidente al clima, a Dios o a la lluvia, en lugar de ejercer su autoridad, que significa básicamente hacerse cargo del derecho de mandar sobre los demás, teniendo la más alta responsabilidad en el país. Para eso votamos los ciudadanos, para que los funcionarios se ocupen de la administración pública y resuelvan los problemas públicos, no para que generen más quienes tienen que solucionarlos.

En resumen, en todos los casos, es indignante que los ciudadanos sigamos pagando los platos rotos por la ineptitud, negligencia, corrupción y falta de amor a la patria de quienes ven a la política como la repartición del botín. Es necesario y urgente un cambio en la cultura política para erradicar el principal problema que aqueja a todos estos países: la corrupción.

* Profesor de Tiempo Completo del Tecnológico de Monterrey

@floresm_mx

info@reconstruyendociudadania.org

 

Te puede interesar