24 mayo 2017
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Caen delegaciones de Sedesol y Sagarpa en anomalías

Por Elena DOMÍNGUEZ/Laura RUIZ |

La Auditoría Superior de la Federación también detectó que dos de cada 10 maestros cobran sin estar frente a un grupo

Agencia Enfoque | Sedesol no pudo comprobar el uso de un millón de pesos en contratación de personal para el Seguro de Jefas de Familia

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ubicó irregularidades en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Educación Pública (SEP).

La Delegación en Puebla de la Secretaría de Desarrollo Social no comprobó la contratación de personal para operar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, lo que ocasionó inconsistencias por 1 millón 168 mil pesos.

Según se advierte en el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación, las anomalías comenzaron con la transferencia de recursos desde su asignación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que usó un fideicomiso diferente al etiquetado.

El Seguro de Vida para Jefas de Familia está destinado a entregar apoyos sociales a los hijos de mujeres fallecidas para que continúen con sus estudios y contó, a nivel nacional, con mil 45 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015.

Resalta que la ASF detectó anomalías millonarias en todo el país, pues no se entregó documentación probatoria por 386 mil pesos por apoyos otorgados a 67 beneficiarios.

Tampoco se reportaron las actas de defunción de 88 jefas de familia, a cuyos deudos se entregaron apoyos por 1 millón 316 mil pesos y se ubicaron pagos irregulares a 4 mil 126 beneficiarios por 20 millones 47 mil pesos.

Respecto a los pagos por honorarios, rubro en que se inscriben las anomalías registradas en Puebla, la Federación detectó que no existe documentación probatoria del ejercicio de 33 millones 849 mil pesos en un total de 30 entidades de la República.

El documento resalta que para quienes vigilan y tramitan la transferencia del pago del seguro, se destinan cerca de 40 millones de pesos en salarios; lo que implica casi cuatro por ciento del gasto total del programa.

La Secretaría de Desarrollo Social transfiere a Puebla un monto superior a los 8 mil millones de pesos que se reparten entre los beneficiarios de los distintos programas y la oficina estatal está encargada de vigilar la entrega de los recursos; además, para algunas acciones, es la encargada de dar seguimiento y actualizar el padrón de inscritos para recibir apoyos. 

Ejerce Sagarpa recursos en opacidad

El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación también refleja que la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha ejercido de forma opaca, los recursos para Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pues no ha reintegrado a la Federación el finiquito por el pago de proyectos en la materia.

Sagarpa y el área del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) firman acuerdos anuales para llevar a cabo proyectos en los estados. Una vez que concluye el ejercicio fiscal y se ejercen los recursos destinados, se deben entregar las actas de cierre y finiquito del programa.

En la auditoría 2015 se estipula que Sagarpa sólo cuenta con documentación para 10 de los 32 finiquitos estatales, mismos que debían estar elaborados al 31 de diciembre de 2015. Precisa que 50 por ciento de los faltantes está en revisión, mientras que el resto no ha sido elaborado, como en el caso de Puebla

La ASF observa que a través de estos convenios, se establecieron indicadores relacionados con la inocuidad de los alimentos de origen ganadero y la certificación por buenas prácticas de algunos establecimientos; sin embargo, la dependencia federal no aporta información sobre los objetivos alcanzados por el programa ni los montos destinados.

El órgano de fiscalización expone que tanto Sagarpa como Senasica contribuyeron a mejorar la sanidad e inocuidad en los productos de origen ganadero; pero no existen indicadores que permitan medir la efectividad de los programas.

En el rubro de sanidad, la ASF detectó en otra auditoría, que no se plantearon los cierres de finiquito de las acciones para atacar la plaga conocida como roya en Puebla, además de otras entidades cafetaleras como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, lo que pudo generar daños para los cultivos y a la propia hacienda pública, pues se invirtieron 306 millones de pesos en proyectos fitosanitarios.


Foto: Agencia Enfoque | La ASF investigó cuandos maestros pagados por la Federación están frente a un grupo.

Cobran 2 de cada 10 maestros sin estar frente a grupo

En Puebla, dos de cada 10 maestros que reciben su pago a partir de dinero federal, no se encuentran frente a un grupo, refleja el análisis Pase de Lista, aplicado en 29 estados que recibieron el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) en 2015.

El documento hecho por la Auditoría Superior de la Federación muestra que dicha proporción es menor al indicador nacional, que apunta a 23.6 por ciento del total de funcionarios que obtuvieron su sueldo con recursos del gobierno de la República para personal docente.

En el caso de Puebla se analizaron 7 mil 170 centros de trabajos financiados de esta manera, en los que se benefició a 53 mil 888 personas y se consideró un universo de 80 mil 908 plazas.

Del listado, la entidad fue la tercera con menos personal sujeto a estos salarios sin encontrarse como responsable de un grupo, sólo por debajo de Tamaulipas y Guanajuato que están empatados con las cifras más reducidas (19.3 por ciento del total).

En el otro extremo, la entidad con más porcentaje de personal sujeto a pagos para docentes pero sin tener la responsabilidad de dar clases, es Hidalgo con un 31 por ciento.

En el análisis hecho a los centros de trabajo de Puebla resalta, por otro lado, que 29.9 por ciento de los trabajadores evaluados contaba con antecedente de carrera magisterial.

La entidad también resultó mejor posicionada en este último rubro respecto al comparativo nacional, pues en el promedio de las 29 entidades analizadas, sólo 25.5 por ciento del personal tenía dicho antecedente laboral.

Entre el personal poblano con funciones administrativas, más de 70 por ciento está relacionado a actividades generales, cerca de 30 a funciones directivas y una cantidad menor a supervisión.

Este primer año analizado, detalla el informe, cobra relevancia pues fue el primer periodo en que se estableció el uso de este recurso, que ascendió a poco más de 343 millones de pesos.

Aunque los fondos se entregaron a todo el país, el Pase de Lista sólo muestra resultados de 29 entidades pues en tres de ellas, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, no fue posible identificar datos por los conflictos magisteriales registrados en 2015.

De acuerdo con la información general del estudio, este tuvo un alcance de análisis de 98 por ciento de los centros de trabajo financiados y sólo 15 entidades no se analizaron al 100 por ciento y en estas no estuvo Puebla.

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