27 mayo 2017
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El Popular Investiga

Escaso acceso a justicia mina derechos humanos

Por Gerardo CONTRERAS |

Megaproyectos en la Sierra Norte, trata de personas, feminicidios y presos políticos preocupan a académicos y organizaciones civiles

Archivo Enfoque | En 2016, se han registrado 80 feminicidios en Puebla y se está en espera de la emisión de una Alerta de Género, mientras que hay registro de 355 casos de presos políticos, más del doble que en 2014.

La falta de una estructura de atención y prevención y el acceso a la justicia son las principales carencias en derechos humanos que hay en Puebla, así los aseguraron miembros de la academia, organizaciones civiles e integrantes de comités ciudadanos a El Popular, diario imparcial de Puebla.

Los megaproyectos en la Sierra Norte del estado, la trata de personas y los feminicidios son temas en lo que hicieron hincapié el investigador del Centro de Investigación y Análisis Fundar, Diego de la Mora Maurer y la vocera de la organización civil Para la Libertad de los Presos Políticos, Carolina González Barranco.

En lo que va de 2016 se han registrado 80 feminicidios en Puebla y se está en espera de la emisión de una Alerta de Género. Mientras que en el aspecto de presos políticos, la organización civil a la que pertenece González Barranco tiene un registro de 355 casos, más del doble de los 150 que registraron en 2014.

“La cifra de 355 que está actualizada al día de hoy se divide en presos políticos; personas que tiene su proceso abierto y los individuos que tienen órdenes de aprehensión libradas”, puntualizó la vocera de Para la Libertad de los Presos Políticos.

El acceso a la justicia en los casos de violación a los derechos humanos lo destacó la maestra por la Universidad Iberoamericana (UIA), Rosario Arrambide González y la idea fue corroborada en entrevista por el presidente del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos del municipio de Puebla, Brahim Zamora Salazar.

“Se necesitan mejores políticas de prevención y de acceso a la justicia porque hay una serie de obstáculos para poder iniciar un proceso. Se necesita una mayor incidencia en cuestiones de prevención y sanción, declaró en entrevista la responsable jurídica y psicosocial del Instituto de Derechos Humanos de la Ibero.

A nivel municipal, el presidente del Consejo Ciudadano aseguró que el caso del municipio de Puebla es complejo, pues la zona metropolitana comprende varios municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Atlixco y Cuautlancingo. Señaló que la problemática de los derechos humanos se debe atacar desde una perspectiva regional, por lo que se deben tener mayores medios para que la gente pueda obtener un proceso de impartición de justicia.

“En el estado de Puebla hay varios temas en los que tenemos que ponernos alerta en cuestión de los derechos humanos; el tema de los megaproyectos, de acceso a la justicia a las víctimas, de los feminicidios y la persecución a los disidentes son temas en los que debemos de poner suma atención”, opinó Zamora Salazar.

El papel de la Comisión Estatal

En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla ha hecho 27 recomendaciones, de las cuales 10 están en trámite y 17 ya se cumplieron. La dependencia que tuvo más recomendaciones fue la Fiscalía General del Estado (FGE) con 5, le sigue la presidencia municipal de Huauchinango con 3 y la Presidencia Municipal de Tehuacán con 2.

Sin embargo, para la vocera de Para la Libertad de los Presos Políticos, la CEDH no ha hecho lo suficiente: “El papel de la comisión estatal es útil sólo para generar papeleo y trámites, pero tiene una postura de total encubrimiento. Normalmente tiende a cuestionar y desprestigiar las versiones de las víctima y se tiene que asumir los casos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es una instancia que trabaja muy lento”.

Las recomendaciones que más se repiten de acuerdo a la página de la CEDH son: seguridad jurídica y la legalidadseguridad jurídica y a la integridad, seguridad personal, seguridad jurídica y derecho al agua.

El papel del Congreso

En el Congreso del estado hay una comisión dedicada a los derechos humanos y está integrada por 7 diputados; 2 del PRI, 2 del PAN, 1 de Compromiso por Puebla, 1 de Movimiento Ciudadano y 1 de Nueva Alianza.

La única propuesta que ha presentado la comisión por sí sola fue la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en materia de gobierno digital, la cual fue aprobada en julio de 2015.

Esta modificación de ley tiene como su punto fundamental: “hacer uso de los medios electrónicos en la denuncia por presuntas violaciones a derechos humanos”, es decir, que se pueda hacer una denuncia por internet.

Al hablar de la productividad de la Comisión de Derechos Humanos en 2016, la comisión realizó 8 de las 31 sesiones que se han celebrado en lo que va de esta legislatura. Destaca que de esas 8 sesiones de este año el diputado priista, Leobardo Soto estuvo ausente en 5 de ellas.

En cuanto a la comisión, su presidente el diputado priista, Sergio Salomón Céspedes Peregrina declaró: “En el Congreso hemos hecho un trabajo para que se genere un respeto en todos los sentidos los derechos humanos de todos los poblanos. Ahora en cada síndico de los 217 municipios es un garante de los derechos humanos de la población en todo el estado. Hemos hecho llamados puntuales para que se esclarezca cualquier caso”.

En este sentido, en la modalidad de Comisiones Unidas del Congreso se presentaron 21 iniciativas y de acuerdo con la página oficial sólo ocho fueron aprobadas. Entre ellas destaca la aprobación de la Iniciativa de Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

Balance, con miras a 2017

Para la maestra Rosario Arrambide González, el panorama se va agravar en derechos humanos, pues asegura que es la inercia de varios años que se va mal en esta línea y aseguró que mientras no se tomen las medidas estructurales no habrá una buena perspectiva a futuro. También señaló que no ve políticas públicas integrales ni que se utilicen los recursos necesarios en el tema.

Respecto al gobierno de Rafael Moreno Valle, el diputado Céspedes Peregrina hizo un balance en donde señaló que la actual administración es un gobierno en el que hay muchas cosas que se deben de mejorar. Afirmó que se tiene pendiente solventar el caso de Chalchihuapan en su totalidad y aseguró que desde el Congreso trabajan para cumplir las recomendaciones que hay en proceso.

Mientras que la vocera de Para la Libertad de los Presos Políticos, Carolina González Barranco sentenció a la administración actual al decir: “Vemos un sistema de justicia que está supeditado a un sistema autoritario que da los lineamientos para coartar la libertad de personas incómodas. Calificaría a la administración actual que castiga y hace el papel de un estado policía y que sabiendo de la fuerza que tiene no duda en usarla contra opositores. No hay sensibilidad política y con nulo respeto a la vida y la salud de la población”.

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